Convertir planes en empleo: ¿Es posible el objetivo del Gobierno?

Buenos Aires — Tras la derrota en las PASO, el Gobierno de Alberto Fernández ha concentrado su discurso en el desafío de reemplazar los planes sociales por puestos de trabajo formales. En este debate, el foco está en los programas de inclusión laboral y productiva, es decir, los planes que se basan en una asignación a cambio de una contraprestación.

Según datos del Ministerio de Economía, estos subsidios implicaron desembolsos totales por más de $561.000 millones en 2020. Cerrarán 2021 con gastos por parte del Estado de $361.800 millones – US$1.855 millones al dólar blue o US$3.640 millones al oficial mayorista.

El presidente Fernández sostiene que durante el mandato de Mauricio Macri se triplicó el número de beneficiarios de planes sociales, y que el desafío ahora es el de disminuir las asignaciones en vistas de aumentar el empleo privado.

Para ese objetivo, se anunciaron una serie de medidas. El decreto 711/2021, publicado esta semana, dispone cambios en los programas Potenciar Trabajo e Inserción Laboral, “con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en un estímulo para la contratación de sus titulares bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”.

Además, este miércoles Fernández recibió a un grupo de ministros y a la titular de la AFIP para avanzar en un proyecto orientado “a fomentar el desarrollo de la economía popular a través de la creación de un monotributo productivo que incluya a los trabajadores de ese sector”.

• El alcance: Según números de agosto de este año, hay 2.830.520 personas inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep).
• ¿Qué es el Renatep? Es una herramienta que “busca reconocer y formalizar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular de todo el país”, cuya inscripción está abierta a todos aquellos que “realicen actividades en el marco de la economía popular como vendedores ambulantes, feriantes o artesanas; cartoneras y recicladores; pequeñas agricultoras y agricultores, entre otras actividades.
• Iniciativas de legisladores: A los proyectos mencionados, se le suman los presentados por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y de la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun.

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Contexto

Según los datos del Indec de septiembre, el 40,6% de los argentinos se encuentran en situación de pobreza.

• Desempleo: En el segundo trimestre de 2021, la tasa de desempleo fue del 9,6%, por debajo del 13,1% del mismo período de 2020.
• Diversos estudios, incluyendo uno de enero de este año del Ministerio de Desarrollo Productivo, ubican al empleo informal en Argentina entre el 30 y el 40% del empleo total.

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¿Es viable sin crecimiento del empleo privado?

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, divide en dos ramas a los proyectos impulsados por el Gobierno. Por un lado se encuentran los que buscan incluir a los beneficiarios de programas sociales que implican contraprestaciones al mercado laboral formal. Y por el otro, a las iniciativas que apuntan a formalizar a los trabajadores de la economía popular o autónomos a través de monotributos.

Salvia considera, en líneas generales, que la primera alternativa ha fallado en numerosas ocasiones y que son más “para la tribuna”, mientras que la segunda opción sí tendrá más impacto, y ha funcionado en otros países. El experto cita el caso de Chile como uno de esos éxitos.

Sobre el primer punto, Salvia explica que “en el actual contexto donde no se crea empleo, los que lo crean no van a ir a buscar a esa población” que actualmente recibe subsidios. Y agrega, en diálogo con Bloomberg Línea, que el empleador privado no suele querer “compromisos con el estado ni con movimientos sociales”. “No es que no ocurra, pero no tiene escala”, concluye.

Sí ve con optimismo la formalización de los autónomos, con herramientas que les permita “afianzar vínculos con la economía formal, facturar, ayudar al pequeño empleador a tomar gente, al autónomo a formalizarse, esa línea deja un cambio importante hacia adelante”.

Para Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de Jefatura de Gabinete de la Nación, “el monotributo productivo te da la posibilidad de ‘blanquear’ al trabajador informal, que es invisible para el Estado. Te da un montón de posibilidades y va a ser sin costos”. “Todo el trabajo que está dentro de la economía popular y que no vemos desde la política, requiere créditos blandos y material para poder crecer”, declaró este jueves en diálogo con FM Delta.

Juan Luis Bour, economista en jefe de FIEL, señala que “para que aumente la demanda de empleos formales hay que hacer algo bien diferente en la macro: estabilizar, recrear instituciones de economía de mercado, abrir (no cerrar) la economía y reformar mercado laboral, entre otras cosas”. Y según Bour, en declaraciones a Bloomberg Línea, “nada de eso se hace, por lo tanto no habrá aumento de empleo”.

“Al mismo tiempo están manteniendo restricciones extremas al despido e impulsando aumentos salariales y congelando precios. Eso no es muy estimulante del empleo”, agrega Bour y señala que “los propios proyectos de Massa reconocen que hay un problema con costos laborales y litigios extorsivos: eso debe resolverse en general, de lo contrario nadie contratará”.

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Tras conocerse la resolución, desde la Cámara de Comercio alertaron que habrá desabastecimiento. Sigue la tensión entre el Gobierno y los empresarios mientras se define la estrategia para supervisar la medida.

Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), coincide y afirma que en “una economía que expulsa trabajadores la políticas de empleo orientadas a combatir la informalidad no te van a resolver el problema”.

No obstante, ofrece una mirada más optimista respecta a lo que se viene y asegura que “el Gobierno tiene claro que quiere hacer crecer la economía y ha implementado políticas en relación a eso que deberían tener fuerte impacto en el mercado laboral”.

Respecto a los proyectos para “cambiar planes sociales por empleo”, Letcher señala a Bloomberg Línea que son un conjunto de políticas “que abordan las distintas problemáticas del empleo”, cuyo objetivo es que, en el marco de la recuperación, el crecimiento de la economía “no quede en pocas manos sino que se refleje en una evolución creciente de contrataciones”. “La cuestión del monotributo es otra herramienta que además dará inclusión en clave financiera. También el programa registradas”, agregó el economista consultado por este medio.

Otros proyectos

En clima electoral, el Gobierno aún analiza anunciar más medidas en ese sentido, que se discuten entre el Ministerio de Economía y el Desarrollo Social. Una de ellas podría ser de créditos no bancarios para mutuales y cooperativas. Otra iniciativa buscará regular la compra desde el sector público hacia organizaciones de la economía popular.

Ambas, junto a la del monotributo mencionada anteriormente, serían presentadas en el Congreso en los próximos días, o semanas.

La propuesta de los movimientos sociales

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) insiste en la necesidad de avanzar en el salario básico universal (SBU), que alcanzaría a cerca de cuatro millones de personas con el objetivo de garantizar un ingreso a todos los trabajadores de la economía popular. “Proponemos ordenar, integrar y potenciar el sistema de trabajo, empleo y seguridad social para que todas y todos los argentinos puedan proyectar su vida”, sostienen desde el sindicato que representa a este sector de trabajadores.

“Empezar por los últimos es garantizar que ni el hambre ni la indigencia son posibles en nuestro país, que existe un piso de derechos imperforable y que no tenemos techo si trabajamos integral y planificadamente en el desarrollo humano de nuestra nación”

UTEP

¿Qué piensan los empresarios?

Semanas atrás se reunieron los empresarios que integran “el grupo de los 6″ con la CGT para lanzar el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), un espacio cuyo propósito es el de “elaborar propuestas para la formulación de políticas de infraestructura con una mirada de largo plazo”.

Participaron los referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Construcción (Camarco), Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Bolsa de Comercio.

En ese contexto, Mario Grinman, de la CAC, señaló que “los planes sociales son ayudas necesarias en la emergencia, pero no pueden constituir algo permanente para aquellos que están en condiciones de trabajar”.

Afirmó que se debe apuntar que ese reemplazo no debe darse en el sector público, sino que se debe alentar a que ocurra en el sector privado. “Hay que buscar una fórmula que incentive la contratación y saque a los trabajadores de la informalidad”, agregó Daniel Funes de Rioja, de la UIA.

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